POLICIAS HOT. EL CASO 11/11/11

Reiteramos que todos estos hechos son de conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación.

IDENTIKIT DEL ASESINO DE HERNAN APUD

SEXO: MASCULINO EDAD: 20 AÑOS OJOS: OSCUROS CUTIS: MORENO CABELLO: CASTAÑO CORTO ALTURA: 1,70 MTS PESO: 70KG CLICK PARA MAS INFORMACION.

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Liniers y el triángulo del delito.

La nota, como podrán ver a continuación, se ilustra con un mapa de las zonas donde acontecieron las muertes de vecinos, y la situación geográfica de la Comisaría 44 de la jurisdicción, la cual, reiteramos, no se encuentra en el barrio de Liniers, sino en el de Versailles.

El programa de radio de HERMOSO LINIERS

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LOS VECINOS DE LINIERS VIVEN BAJO EL ASEDIO DEL DELITO ORGANIZADO

Esta es una nota que en el día de hoy, 31 de julio de 2011, el diario CLARIN, publicó con relación a la problemática del barrio de Liniers, y la movida impulsada por este blog junto a los vecinos autoconvocados y la intervención de la Fundación Alameda. 
Convocados en asambleas, trazaron un mapa del delito y se lo dieron al Gobierno, la Ciudad y la Justicia. Acusan a la comisaría 44 de cobrar coimas y liberar zonas. En Versailles los imitaron.




A cualquier director de cine lo criticarían por exagerado: decenas de prostíbulos y talleres de costura clandestinos en los que trabaja mano de obra esclava, kioscos de venta de drogas y paradas de juego ilegal. ¿Es mucho? Hay más: asesinatos, secuestros, asaltos a mano armada y equipos preparados para usurpar casas. La descripción bien podría corresponder a la ciudad de Personville –Poisonville–, elegida por el escritor estadounidense Dashiell Hammet como escenario para su novela Cosecha Roja. Pero este inquietante panorama en verdad describe al porteñísimo barrio de Liniers. Y no hacen falta narradores ni cineastas para subrayar la violencia y el descontrol que asuelan sus calles.
Son los propios vecinos quienes a fines del año pasado, hartos de llorar muertos y presenciar decenas de delitos impunes, comenzaron a organizarse en asambleas para protestar y reclamar. “Las primeras reuniones fueron a fines del año pasado, pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato del taxista Carlos Valdez, el 16 de febrero”, explica Gustavo Vera, titular de la cooperativa La Alameda y motor de las marchas. “Nosotros venimos denunciando ante la justicia a los talleres textiles clandestinos desde hace cinco años, y así llegamos a Liniers. Acá nos encontramos de todo, una verdadera capital del delito organizado. Y todo ocurre gracias a la protección y la complicidad de la comisaría 44”, remata.
Un puñado de datos podrían apuntalar su denuncia. Los policías de esa seccional están acusados de haber participado de tres muertes violentas ocurridas en un año y medio: la del pibe Rubén Carballo, muerto a golpes tras un show del grupo Viejas Locas en Vélez; la del hincha de San Lorenzo Rubén Aramayo, apaleado el 20 de marzo pasado en las afueras del mismo estadio; y la de Ariel Domínguez, el joven muerto el 20 de julio en San Telmo, cuando a un policía de la 44 que hacía adicionales en el Registro de las Personas supuestamente se le disparó su pistola por accidente.
Al borde de la Capital Federal, atravesada por las vías del ferrocarril Sarmiento y cosida por los costurones que la avenida General Paz y la autopista Perito Moreno tejen entre sus calles, Liniers ofrece un territorio propicio para los delincuentes, que de inmediato cruzan a la Provincia para escapar o “enfriar” por un tiempo la mirada de la ley, aprovechando la absoluta falta de coordinación entre las dos jurisdicciones.
En este barrio de clase media, el frondoso mapa del delito –que se actualiza permanentemente– señala con detalle la dirección de 15 prostíbulos, 21 talleres de costura clandestinos, decenas de kioscos de venta de drogas, paradas de juego ilegal, desarmaderos de autos y un larguísimo punteo de robos, asaltos y arrebatos en casas, comercios y espacios públicos, que delinean los contornos de lo que ellos mismos califican como una “zona liberada” (ver infografía).
Las víctimas pueden ser famosas, como el ex ayudante de Diego Maradona Alejandro Mancuso –a quien en los últimos meses asaltaron dos veces– o ignotas; pueden ser del barrio o de lejos, como el empresario a quien secuestraron el sábado pasado para llevarlo hasta su casa en Haedo.
“Yo me había criado acá y después me mudé. Hace seis años que volví a Liniers y no lo puedo creer”, se impacienta Nilda. “A mis hijos les robaron varias veces, pero todos decidimos hacer algo cuando asesinaron a Diego Rodríguez, un chico que trabajaba como modelo publicitario y que era muy amigo de mi hijo. Nos cuesta atraer a los comerciantes: aunque son muy perjudicados, tienen miedo de tirarse contra la policía. Somos un grupo de vecinos que dijimos basta. No tenemos banderas políticas”, subraya Nilda.
Reunidos en la parroquia de San Cayetano, sede habitual de sus encuentros, los demás vecinos que aceptaron hablar con Clarín en representación de la asamblea la escuchan y asienten. Como siempre, la mayoría son mujeres. “Carlos Valdez era mi vecino. Cuando lo mataron tomé conciencia de que si en lugar de él, era yo quien salía a la calle en ese momento, me habrían asesinado a mí”, razona con impecable lógica Silvana, una joven abogada que también puso su profesión al servicio de la causa. “Para mí lo más fuerte fue comprobar que en Liniers hay delito organizado. Eso da mucho miedo. Por eso fue muy importante el apoyo de la Iglesia, primero con el padre Gerardo y ahora con Poroto, y también con monseñor Bergoglio, que vino a dar una misa para apoyar nuestros reclamos”. Junto a ella, el padre Jorge “Poroto” Torres sonríe. Y asiente.
En aquella celebración, hace dos meses, el cardenal evitó los rodeos: “Venimos a pedirle a Jesús que se acerque a esos hombres y mujeres que matan, que explotan, que esclavizan, y les toque el corazón, y les venimos a pedir a ellos, y ojalá alguno nos escuche. Por favor pará la mano, acabala, acordate que mataste a una mamá, a un papá, acordate que vos atropellaste, que esclavizaste a una chica que puede ser tu hermana, tu madre”.
Los vecinos señalan a la terminal de ómnibus de Liniers –cuya habilitación tampoco está muy clara– como una estación clave en la cadena delictiva: “ahí reclutan mano de obra para los talleres textiles y los prostíbulos; llevan, traen y reparten drogas”, explica Lucas Schaerer, un periodista que vive en Versailles –cuyos vecinos junto a los de Villa Luro crearon su propia asamblea y trazaron un nuevo mapa de delitos– y es miembro de la cooperativa La Alameda. “Hubo casos increíbles: un día, una chica bajó de un micro que venía de Bolivia con un cartel en el que se pedía trabajo. Como se desencontró con quien debía esperarla, le preguntó a una mujer dónde quedaba la dirección que llevaba anotada. Esta señora se dio cuenta de que era una víctima inminente, y la mandó a la parroquia. La salvó: un tipo se la quiso llevar de prepo. Por suerte un laico llamó a la policía y evitó el secuestro”.
Un funcionario que trabaja en la terminal confirma la historia de Lucas: “no sabés lo que es esto a la madrugada; llegan los micros de Bolivia y ves bajar a gente que no entiende nada, por ahí ni habla castellano, y enseguida aparecen unos tipos que los meten rápido en combis y desaparecen todos”. En los alrededores de la terminal, las paredes de casas y negocios están tapizadas por carteles que ofrecen trabajo a mujeres y a varones, piden costureros, rectistas y overloquistas. Algunos ni siquiera cuidan las formas, y ofrecen trabajo en tiendas “con cama”. Una invitación a la esclavitud.
La asamblea de Liniers se reúne los miércoles a las 19 en San Cayetano (Cuzco 150) y una vez por mes en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662); la de Versailles lo hace cada dos martes, a las 19, en la iglesia Nuestra Señora de la Salud (Marcos Sastre y Bruselas). La movida está vertebrada por la ONG La Alameda  y el blog Liniers Así No Te Queremos (liniersasinotequeremos.blogspot.com), cuyo creador, Gustavo, comenzó en 2008 a registrar los problemas del barrio. “Con mi socio, El Guasón, salíamos a la noche a ver las veredas rotas, la basura sin recoger, esas cosas. Pero luego comenzamos a recibir denuncias muy graves, y nos dimos cuenta que nuestro espacio servía para articularlas”, explica a Clarín.
“El problema central es la trata de mujeres en los prostíbulos, porque la trata sexual es más redituable que la laboral”, razona Gustavo Vera. “Además, los prostíbulos son puntos clave para la distribción y venta de drogas. Y la comisaría que no hace nada: a veces hasta mandan a los policías a custodiar los talleres o los prostíbulos”.
Aunque el ejercicio personal de la prostitución no es ilegal, la ley nacional de Profilaxis prohíbe en todo el país las “casas de tolerancia” y el proxenetismo: es decir que cualquier tipo de “organización” de aquella oferta está fuera de la ley, y debe ser perseguida por policías, fiscales y jueces aun si no existe una denuncia para hacerlo.
En Liniers, esas reglas parecen no existir. A mitad del año pasado se allanaron cinco prostíbulos, después de que una joven mamá que había sido esclavizada en uno de ellos –ubicado frente a un destacamento policial, tal como comprobó Clarín– hiciera una denuncia judicial. Pero los locales vuelven a abrirse, se mudan cerca, o apenas cambian de nombre. Hubo clausuras desacatadas, otras que se hicieron a medias (apenas una faja sobre el marco superior de la puerta, que ni siquiera impedía abrirla), y algunas muy breves.
“En esta mafia hay varios personajes clave”, dice Vera. “Un policía que desde 2008 está en disponibilidad pero es el ‘comisario en las sombras’ de la 44, que se llama Francisco ‘Chiquito’ Díaz y que fue denunciado por la policía Nancy Miño –de la División Antitrata, que se infiltró en varios prostíbulos– ante el Juzgado federal de Ariel Lijo y el penal 27, y que ya tenía otras tres causas. Otro es Daniel Enrique Bourgeart, alias ‘Gitano’ o ‘Francés’, a quien también denunciamos como jefe de una red de prostíbulos, talleres textiles clandestinos, desarmaderos y juego ilegal ante el juez Lijo.”
Pero hay más: “Un pai umbanda que se llama Oscar y maneja varios prostíbulos; un organizador de usurpaciones que se llama Julio y es ex empleado de Rentas de la Ciudad; un joyero que vive en la esquina de Bruselas y Pedro Lozano, que cuenta con custodia policial permanente como si fuera propia, aunque la ministra Garré lo prohibió; o Miguel, un jefe de calle policial que les coordina y les cobra a los vendedores ‘manteros’ de la zona”, acusa Gustavo Vera.
A su lado está Isabel, las manos cruzadas sobre la mesa, la mirada dulce enmarcada por los anteojos. “Hace unos meses, en la calle, delante de mí, un hombre morrudo intentó robarle una nena a una señora. Yo lo empujé: me golpeó, pero se la pude arrebatar”. Aquella vez pudo. Pero el 17 de abril pasado, cuando su hija Cecilia Agüero volvía a su casa de trabajar y quisieron robarle el auto, no pudo hacer nada: una bala terminó con su vida, y le arrancó un buen pedazo a las de sus hijitos de 2 y 6 años. “Mi objetivo es que se erradique la droga. Los asesinos estaban drogados”, ruega Isabel. El silencio pesa como una condena.
La asamblea de vecinos de Liniers presentó sus reclamos ante el ministerio de Seguridad de la Nación –el 6 de abril, y el 16 de junio pasados–, la Jefatura de Gabinete porteña (en las mismas fechas), la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (el 27 de abril), y regó los juzgados federales, penales y correccionales con media docena de denuncias.“A Liniers no vino nadie del ministerio de Nilda Garré. Sólo mandó gente a las Mesas Barriales de Versailles, un espacio que crearon para escuchar a la gente pero en el que hay poca acción, y además están muy politizadas”, asegura Vera.
Clarín se comunicó con el ministerio de Seguridad para saber por qué aún no le respondieron a los vecinos de Liniers. Al parecer, según algunos trascendidos, la Secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, pensaba recibir esta semana a los referentes de la cooperativa La Alameda, para conocer a fondo las denuncias y planificar respuestas. ¿Será cierto? ¿Será suficiente? 
No hay, en este caso, ni secretos ni voces anónimas. Las denuncias tienen rostro, direcciones, anotaciones, documentos. El drama, en fin, es palpable, mientras que las respuestas, por ahora, son apenas un puñado de promesas.



Dos escenarios y una escena


La comisaría. En 492 manzanas que corresponden a los barrios de Liniers, Versailles y Villa Luro, tiene jurisdicción la comisaría 44 de la Policía Federal. Los vecinos de la zona la denuncian por inacción y supuesta complicidad con los delincuentes de la zona.
Invitación a la esclavitud. En las cercanías de la terminal de ómnibus de Liniers, todas las paredes y postes están tapizados por carteles con ofertas de “trabajo” como éstas, en las que sin ningún disimulo se ofrece “cama”. La modalidad de los talleres textiles clandestinos.
Sospecha. En la calle Ventura Bosch al 7200, frente a la terminal de ómnibus de Liniers, funciona un local nocturno que fue denunciado ante la Justicia, varias veces, por la cooperativa La Alameda. De acuerdo a la denuncia, sería un prostíbulo.

La comisaría 44, entre la sospecha y las denuncias



Con 492 manzanas y once puentes bajo su mirada, la comisaría 44 tiene la jurisdicción más grande de la Capital, que atiende con un promedio de 100 policías en cada uno de los tres turnos . La semana pasada prometieron otros 50 policías de refuerzo, que según el nuevo comisario a cargo, ya están trabajando (Ver “Estamos...” ) Las recurrentes denuncias contra la 44 fueron causando varios cambios de comisarios, sin que los delitos cesaran. Cuando en diciembre de 2009, a la salida de un recital del grupo Viejas Locas, asesinaron al joven Rubén Carballo, en la 44 mandaba el comisario Enrique Meta, quien luego se vio enredado en una investigación contra policías suyos que supuestamente participaban de una banda de secuestradores . La muerte a palazos del hincha de Vélez Rubén Aramayo provocó la salida del segundo jefe de la 44, Oscar Dolcemáscolo. La ministra Garré quiso reemplazarlo por la subcomisaria Graciela Larralde, pero ella no aceptó y pidió su retiro. Entonces fue nombrado el comisario Mario Trejo, quien se tomó unos días de licencia y fue reemplazado por Héctor Del Papa. En el barrio, recuerdan a Del Papa por una frase poco feliz: “ no podemos investigar los prostíbulos por culpa de los vecinos y de La Alameda”.
Con la respiración de los vecinos en la nuca, Trejo fue presentando distintos informes con los operativos y acciones que sus hombres habrían realizado para atender las denuncias contenidas en el mapa del delito. Uno de esos informes contiene un párrafo increíble: “tanto en enero de 2011 y por expresas directivas de la Fiscalía Correccional 5, a cargo de Alfredo Dellagustina; como en marzo de 2011, por directivas de la Fiscalía Correccional 9, a cargo de Jorge Emilio Fernández, no se podían iniciar actuaciones judiciales de oficio por infracción de la ley 12.331 (de Profilaxis, que prohíbe las “casas de tolerancia”)”.
Ese sugerente descargo motivó al abogado Mario Ganora, de la Defensoría del Pueblo porteña, a denunciar a esos dos fiscales ante la Procuración General de la Nación.


“Estamos trabajando”

“Esta comisaría no es del comisario Trejo, es de los vecinos”, dice el comisario Mario Trejo. La respuesta hÍper diplomática, es acompañada por un dato: “Estoy cumpliendo tres meses a cargo”. Lo que se dice, una exculpación.
¿Qué tiene para decir de las denuncias de los vecinos? “Nosotros estamos abiertos a escucharlos a todos y a trabajar con ellos, porque la seguridad es un problema de todos y ya es hora de que entendamos que los vecinos son protagonistas. Pero ojo, que denuncias hay siempre”, dijo Trejo a Clarín , el viernes.
Además de desmentir que pidan coimas para encubrir delitos, destaca el apoyo del Ministerio de Seguridad (“nos enviaron un refuerzo de 50 policías”) y si bien admite la existencia de numerosos prostíbulos, sostiene que “a muchos no los podemos ni tocar porque están habilitados como bares”.
Nosotros también...
Seguimos trabajando por un Liniers para todos sus vecinos!!!

FUENTE DIARIO CLARIN, 31/07/2011, por CLAUDIO SAVOIA.

EL HOMBRE DE ZAFFARONI ES RICARDO MONTIVERO.

Ricardo Montivero tiene domicilio en casa del juez de la Corte Suprema y firmó contratos de sus polémicos departamentos. "Montivero es Zaffaroni", amenazan. 

Luego de que a partir de una nota de Perfil.com se revelara que hay seis departamentos que pertenecerían a Eugenio Zaffaroni en los que funcionarían prostíbulos, las repercusiones del caso siguen. Ahora se conoció que sería una persona del entorno del juez la encargada de gestionar los alquileres de los departamentos, por los que se llegaría a cobrar hasta 5 mil pesos por mes. 

Según publica el diario Libre, el encargado de tramitar los alquileres de las propiedades del magistrado se llama Ricardo Montivero, tiene 65 años y figura ante la AFIP en el rubro "asesoramiento, dirección y gestión empresarial". De acuerdo a esa publicación, el domicilio de Montivero es el mismo que el de Zaffaroni, que vive en una casona del barrio de Caballito. "Es quien hace todas aquellas cosas que Zaffaroni no le gusta o no puede hacer, desde las compras en el supermercado, hasta firmar los contratos y administrar sus cosas", indicó a revista Noticias un amigo muy cercano al juez. 

Libre pudo constatar que Montivero es el firmante en el contrato de alquiler del monoambiente de la calle Vicente López, en Recoleta, a partir del que se desató el escándalo. Este alquiler se habría gestionado a través de la inmobiliaria Juan Calvo del barrio porteño de Villa del Parque. Según confirmó un vecino de ese lugar, y luego ratificó la ONG La Alameda, por esa última propiedad, un monoambiente donde hasta el fin de semana habrían trabajado tres mujeres dominicanas,  se estaba pagando un alquiler mensual de 5.500 pesos, lo que supera en varios múltiplos al precio promedio de los departamentos de la zona. 

Por su parte, la revista Noticias de esta semana revela el vínculo de Montivero con otro departamento que funcionaría como prostíbulo, ubicado en Dellepiane 668. Dos abogados que tienen oficina en ese edificio, Martín Sanguinetti y Mariel Milillo denunciaron la situación. "Cuando solicitamos un informe de titularidad de la unidad, descubrimos que un tal Ricardo Montivero figuraba como dueño. Lo denunciamos y al poco tiempo apareció un abogado que dijo representarlo, de nombre Carlos De Vinzenzi, que nos dijo que 'nos dejemos de joder' porque 'Montivero es Zaffaroni'", explicó Sanguinetti a revista Noticias

Montivero sería una especie de mano derecha del juez de la Corte: se encarga de todo lo que Zaffaroni no hace. Según información extraoficial a la que tuvo acceso La Alameda, Montivero opera con Marcia González, que también se hace llamar “Dora” o “Dorita”, y con el abogado Carlos Devizenzi, quien trabaja con Montivero. Marcia González figura como titular de la línea telefónica de los departamentos de la calle Dellepiane y de Bacacay 3112, otra propiedad del magistrado donde se ejercería prostitución. Y el abogado Devizenzi aparece como titular de la línea telefónica del inmueble de la calle Vicente López.

PROSTIBULOS DEL JUEZ ZAFFARONI. DENUNCIARON EL SEXTO...

La Alameda, ONG contra el trabajo esclavo, aseguró a través de un comunicado que "en pleno barrio de Recoleta" funciona "un prostíbulo VIP" en un inmueble que el magistrado de la Corte Suprema "declaró como propio en el año 2003".



La organización no gubernamental La Alameda denunció ayer por la tarde que otro departamento alquilado por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni es utilizado como prostíbulo. Con esto, ya son seis los inmuebles del magistrado en los que se ejerce la prostitución.


"En pleno barrio de Recoleta, sobre la avenida Santa Fe […], funciona un prostíbulo VIP. Según las expensas y los dichos de la propia administradora, Mariana Schammas,este inmueble es propiedad del juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien, además, lo declaró como propio en el año 2003 antes de asumir en el máximo tribunal del país", denunció la ONG contra el trabajo esclavo a través de un comunicado.
En la misma línea, la agrupación aseguró: "Las tarifas para la explotación de mujeres son altísimas. La cantidad de chicas varía según los pedidos de los clientes/prostituyentes. No reparten volantes. Mediante llamados se hace el contacto con el prostíbulo".

"Ya son cinco años de lucha", lamentó una vecina en diálogo con Radio 10. "Las expensas vienen a nombre del juez Zaffaroni, pero él nunca dio la cara, nunca apareció en las reuniones de consorcio", apuntó.
Eugenio Zaffaroni, electo juez de la Corte Suprema en el año 2003, declara tener 15 propiedades, de las cuales, según las denuncias realizadas hasta el momento, en 6 se ejerce la prostitución. Al ser consultado al respecto, el magistrado aclaró que un tercero se encargaba de administrar sus inmuebles y aseguró no estar al tanto de lo que sucedía.

En ese sentido, Gustavo Vera, titular de La Alameda, explicó por Radio 10: "Puedo asegurar que seis son prostíbulos y que cinco no lo son. El resto no lo sé".


El filósofo Francis Bacon decía: "Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde". Podemos elegir en qué casillero vamos a refugiarnos...

DETALLE DE LOS CINCO PROSTIBULOS EN DEPARTAMENTOS DEL JUEZ ZAFFARONI.

La única verdad de la realidad: 
Mientras Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema Nacional, se victimiza en los medios y lo único que tiene para decir al respecto es que fue «ingenuo», siguen llamando vecinos a la Alameda denunciando más prostíbulos en propiedades pertenecientes a Zaffaroni. La lista ya llega a cinco y parece no haberse agotado.
Entre tanto, la Procuración General de la Nación ya giró copia certificada de la denuncia presentada por la Alameda a la fiscalía anti trata UFASE que preside Marcelo Colombo y remitió toda la documentación a la Fiscalía Correccional Nº 7 de Edgardo Orfila que tiene la «causa madre» iniciada el 15 de diciembre de 2009 cuando la Alameda y otras ONGs denunciaron 613 prostíbulos y de los cuales sólo hubo hasta ahora un puñado de allanamientos hace algunos meses.
En la próxima semana la Alameda realizará una ampliación de la denuncia con los nuevos casos descubiertos.
Informamos a los medios de comunicación que es lo que se encontró hasta ahora:
Conforme al Registro de la Propiedad Inmueble, el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni es propietario de quince inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Al menos en cinco de ellos, funcionaban prostíbulos bajo la modalidad de privados. Allí se ejercía el proxenetismo, es decir, la explotación de la prostitución ajena, en violación a las disposiciones de las leyes locales y tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestro País. En al menos tres de ellos las mujeres explotadas eran migrantes (paraguayas y dominicanas), por lo que puede presumirse la existencia de trata de personas. Los inmuebles son los siguientes:

Vicente López 2217 5º 19: El inmueble está a nombre de Raúl Eugenio Zaffaroni. Asimismo, su propiedad sobre este inmueble surge de la versión taquigráfica de la reunión de la comisión de acuerdos del 6 de octubre de 2003. Este prostíbulo publicaba en el portal “Tacos Altos”. Los vecinos del edifico confirman que allí funcionaba un prostíbulo. Aquí trabajaban cinco mujeres de origen paraguayo regenteadas por un fiolo. Este prostíbulo ya había sido denunciado por la Alameda el 15 de diciembre de 2009 ante la Procuración General de la Nación, la UFASE, la Justicia Contravencional de la Ciudad y la Agencia de Control Comunal porteña. Casualmente nunca se inspeccionó, ni allanó, ni clausuró. El prostíbulo se desmanteló el martes 26 de julio, cuando las denuncias tomaron estado público y los vecinos afirman que no fue por orden judicial, ni desalojo, sino mediante una mudanza.

Pasaje Luis Dellepiane 668 3ero 8: El inmueble está a nombre de Raúl Eugenio Zaffaroni. Este prostíbulo se publicitaba mediante volantes y por publicaciones en la Revista Paparazzi. Existe una denuncia por violación a la ley de profilaxis que tramita en la Fiscalía Correccional Nº 4 bajo el número 33379. El vecino del edificio que promovió la denuncia penal informa que el prostíbulo funcionó tres años hasta que el pasado martes 26 de julio se fue del lugar cuando comenzaron a aparecer las primeras denuncias en los medios. Conforme a su testimonio, allí se explotaban mujeres dominicanas. El alquiler que se pagaba era de $5500 que para un dos ambientes de esas características es un precio exorbitante y que sólo podría tener alguna lógica como sobreprecio por «protección».

Paraguay 877 1º “A”: En el Registro de la Propiedad Inmueble, la unidad que figura es la “B” y es un monoambiente de 25 metros cuadrados. Sin embargo, en su declaración jurada de 2003, el juez declara poseer la unidad “A”. Este prostíbulo publicitaba en el portal “Profmasajes” y explotaba varias mujeres dominicanas. El encargado del edificio confirma que allí funcionaba el prostíbulo.

Marcelo T. de Alvear 1906 9º “A”: El inmueble está a nombre de Raúl Eugenio Zaffaroni. Existen muestras fotográficas tomadas por el diario perfil que comprueban que allí funcionaba un prostíbulo. Los vecinos han aportado a la Alameda el resumen de expensas que acreditan que Zaffaroni es el propietario y nos aseguraron que elevaron quejas a la comisaría de la zona que nunca hizo nada. Este prostíbulo también había sido denunciado por la Alameda el 15 de diciembre de 2009 ante la Procuración General de la Nación, la UFASE, la Justicia Contravencional y la Agencia de Control Comunal porteña. Casualmente nunca se inspeccionó, ni allanó, ni clausuró.
Bacacay 3112 6 «B»: El inmueble está a nombre de Raúl Eugenio Zaffaroni y hasta hace unos días funcionaba como prostíbulo. El administrador y una vecina lo confirman. Las mujeres explotadas sexualmente van rotando y algunas son menores según testimonios de los vecinos del lugar.
Un hombre clave
Hoy en Página 12, Zaffaroni afirma «Es obvio que no puedo administrarlos personalmente, de modo que tengo un apoderado y una inmobiliaria que los alquila.» El apoderado es Ricardo Montivero era el anterior titular dominial de los inmuebles Vicente López 2217 5º 19 y Pasaje Luis Dellepiane 668 3ero 8 que ahora están registrados a nombre de Zaffaroni. Actualmente, Ricardo Montivero tiene su domicilio legal en Boyacá 926, el inmueble donde reside actualmente Dr. Raúl Zaffaroni. El teléfono de esa casa también esta a nombre de Ricardo Montivero. Este sujeto está registrado en la AFIP como empleador CUIT: 20-08041540-1. Es el que se encargó de gestionar los alquileres de algunas de las propiedades de Zaffaroni, incluido algunas de las que funcionan como prostíbulos. También es el mismo que está denunciado por el prostíbulo de la calle Dellepiane. En el transcurso de la causa, la propiedad pasó a nombre de Zaffaroni, aunque el prostíbulo continuó funcionando hasta el martes pasado.
Los datos están a la vista. Que Zaffaroni se siga victimizando y tratando de hacernos creer que lo suyo es ingenuidad, nosotros seguimos investigando. La única verdad es la r
ealidad. 

GUSTAVO VERA HABLA DE LOS PROSTIBULOS DEL JUEZ ZAFFARONI


En exclusiva para este blog y nuestro sitio en Facebook Hermoso Liniers, el presidente de la Fundación Alameda habla del escándalo suscitado a raíz que departamentos que son de propiedad del Dr. Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, estarían funcionando como prostíbulos prohibidos por la ley vigente.

Este es el audio de la nota correspondiente.

Vera[1] by hermosoliniers


Diario Libre 28/07/2011




Diario Libre 28/07/2011

CASO ZAFFARONI/PROSTIBULOS. TEXTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA ALAMEDA.

El siguiente texto es la presentación de la Fundación Alameda, patrocinada por su vicepresidente el abogado penalista, Mario Ganora, que se realizó este jueves 28 después de las 11 horas en la sede de la Procuración Nacional, a cargo de Esteban Righi. El presidente de la fundación, Gustavo Vera, y el vocal e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, acompañaron a Ganora en la presentación de la denuncia ante el jefe de los fiscales del país.



AMPLIA DENUNCIA. SOLICITA SE PROMUEVA JUICIO POLITICO
Señor Procurador General de la Nación:
Gustavo Javier Vera, con domicilio en Av. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por derecho propio, conjuntamente con mi letrado patrocinante, Mario Fernando Ganora, inscripto al Tomo 36 Folio 227 del CPACF, constituyendo domicilio procesal en Av Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos presentamos respetuosamente ante V. E. y decimos:
I.-OBJETO.-
Que por el presente venimos a ampliar la denuncia formulada el día 15 de diciembre de 2009 en la Procuración General de la Nación en la que se  ponía en conocimiento de V.E. una extensa nómina de locales mencionados en el Anexo I de dicho escrito a los fines de que se investigara la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117, 120 y 121 de la ley 25.871; 125 bis, 126, 127,  140, 145 bis y 145 ter C.P.; y 15 y 17 de la ley 12.331 por parte de los responsables de la red de prostitución que allí se describía y sus eventuales cómplices y encubridores.
De los elementos de juicio que aquí se acompañan surgiría la sospecha de que se encontraría involucrado un prestigioso Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en relación con dos de los locales mencionados en la denuncia original. Existe además una denuncia periodística acerca de un tercer local que presuntamente pertenecería al Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también estaría funcionando como prostíbulo. Esta cuestión, que se está ventilando en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales y ante la opinión pública mas no en el ámbito que corresponde que es el de la Justicia, genera un clima de escándalo y de alarma social que le otorga gravedad institucional al asunto en razón de las personas aludidas. Se impone en consecuencia una profundización especial de la investigación en este punto a los efectos de despejar rápidamente toda duda que pueda existir sobre la naturaleza de los hechos, se deslinden las responsabilidades y, en el caso de que correspondiere, V.E. proceda a requerir la promoción del correspondiente juicio político (art. 53 C.N.) en virtud de lo dispuesto en el art. 33 inc i) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 24. 946).  
II.- HECHOS.-
Como se ha referido más arriba el 15 de diciembre de 2009 se denunció en la Procuración General de la Nación la existencia de más de seiscientos prostíbulos que operaban impunemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se acompañó su nómina en el Anexo I del escrito de inicio.
Entre los locales denunciados como prostíbulos en el año 2009 se encuentran los ubicados en la calle Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19 y en la calle Marcelo Torcuato de Alvear 1906, Piso 9° Depto “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El día 22 de julio de 2011 el periodista Facundo Falduto publica en el diario digital “Perfil.com” que el inmueble de la calle Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19, donde actualmente continúa funcionando el prostíbulo denunciado pertenece desde el año 2000 al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, el periodista menciona en su nota que “Zaffaroni reconoció ante el Congreso que había adquirido ese departamento en octubre del 2000, según indican una resolución de la Cámara de Diputados y el diario de sesiones del Senado del 2003”. Relata que
“Allí “trabajan”, por turnos, dos o tres chicas que cobran 120 pesos la hora por sus servicios. El rubro 59 fue prohibido por un reciente decreto presidencial, pero las prostitutas se promocionan de otra forma: sus “volanteros” reparten anuncios de “caramelitos y masajes 24 horas” en la zona y en los mismos departamentos del edificio”.
“Perfil.com se comunicó telefónicamente para comprobar las “ofertas” disponibles y se acercó hasta el edificio. “Zaffaroni tiene este departamento hace unos 10 años, pero él no aparece nunca”, contó un vecino que pidió mantener su nombre en reserva. “Hace cuatro años que trabajan prostitutas, pero en los últimos dos meses llegaron éstas que traen problemas”, agregó”.
“La profesión más antigua del mundo provoca quejas de los vecinos: los clientes entran y salen a cualquier hora, hacen ruidos molestos y dejan inseguros al resto de los residentes. “Puede entrar cualquier persona, el otro día vi cómo ayudaban a entrar a un lisiado en silla de ruedas”, comentó a Perfil.com otro vecino que también pidió anonimato. “A veces se confunden y quieren entrar a otros departamentos”, sostuvo”.
“Una vez llamamos al 911, vino la Policía y dijeron que las chicas tenían permiso del gobierno porteño, cualquier cosa”, afirmó el vecino. Si bien Zaffaroni no visita el edificio, los residentes cuentan que le reclamaron a una de sus abogadas, que prometió desalojarlas en varias ocasiones. Pero el negocio sigue funcionando”.
El día 25 de julio de 2011 el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni reconoció en un reportaje radial realizado por el periodista Víctor Hugo Morales en el programa “La Mañana” que se emite por Radio Continental que efectivamente es propietario del inmueble y que lo ha alquilado. Se desligó de responsabilidad sosteniendo que “Realmente no tengo explicación para esto. Francamente, lo único que sucede, según me informan mi apoderado y la inmobiliaria que me maneja esas cuestiones, es que hay un contrato de locación”, Agrego que “Yo no firmo los contratos ni conozco a mis inquilinos; no puedo ocuparme de la administración de esto, de modo que, puede ser, aunque a mí no me consta, puede suceder. Si está sucediendo, agradezco el escándalo porque de esa manera me ahorrará un desalojo”, Admite tener conocimiento de la existencia de problemas en el inmueble respecto de peleas pero minimizó la cuestión afirmando que “No tengo idea de cómo se convierte un problema de consorcio en un escándalo de esta naturaleza”,
El 27 de julio del corriente se publica en la página 10 del diario “Libre” que el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni es el dueño del inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1906, Piso 9° Depto “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la referida publicación que se acompaña se refiere que allí funciona un prostíbulo y que “Cuatro chicas promocionan sus servicios en los sitios de oferta sexual Tacosaltos.com y Mimosasargentinas.com.arcon el teléfono del lugar y sus respectivos celulares”. El artículo señala que “Los vecinos están en pánico. La convivencia con las chicas no es pacífica. Uno de ellos indica: “El departamento es de Zaffaroni, aunque desde hace años no pasa por acá. Una vez un par de personas, bajando de una partuza, destrozaron una lámpara en la entrada. Al día siguiente vino la secretaria del juez a pagarla. Hasta le escribimos una carta para que la cortara on esto, que no nos merecemos vivir así. Pero nunca la mandamos por miedo a las represalias”. Se agrega hacia el final de la nota que “Otro vecino revela: “La administración quiso actuar legalmente, pero hubo aprietes. Todo el mundo se quedo piola”.
El 28 de julio de 2011 el periódico “Noticias Urbanas” publica una nota del periodista Lucas Schaerer que dice lo siguiente:
“En la lista de inquilinos del consorcio y en su declaración ante el Ministerio de justicia y Derechos Humanos figura que el ministro de la Corte Suprema Nacional, Eugenio Raúl Zaffaroni, es propietario de un departamento donde funciona un prostíbulo. Este no es el primer prostíbulo en del departamento propiedad de Zaffarni sino el tercer prostíbulo en uno de sus inmuebles”. “
“En plena ciudad, Paraguay 877 primer piso, entre Suipacha y Esmeralda, declaró Zaffaroni ser su inmueble, en ese mismo sitio funciona según una página web un prostíbulo. Noticias Urbanas además comprobó por la lista de la administración de consorcio que el propietario es Zaffaroni y esto fue confirmado por los propios vecinos que están hartos de la mafia prostibularia que genera resquemores en el barrio y con los comerciantes”.
“El inmueble en Paraguay fue declarado por el magistrado del máximo tribunal. Una página web prostibularia, http://profmasajes.com.ar/, da el número de teléfono y el propio juez lo declaró, según la página web, http://sursur.com.”
“A su vez es publicada la propiedad como casa de tolerancia en la página web prostibularia Tacos Altos, con sede en el barrio Puerto Madero, su dirección exacta es: http://www.tacosaltos.com”.
“Noticias Urbanas estuvo entrevistando a los comerciante de la cuadra, a los integrantes de las dos iglesias en la cuadra y a los que alquilan y viven en el mismo edificio. Todos confirmaron que en el primer piso de Paraguay 877 funciona un prostíbulo. Que es notorio y que han visto presencia de mujeres en estado prostibulario aunque ellos no sabían que el dueño de la propiedad es el cortesano Zaffaroni”.
III.- SIGNIFICACIÓN JURÍDICA.-
Las publicaciones periodísticas mencionadas le están atribuyendo al señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la autoría o la participación en el delito previsto y reprimido en el art. 17 de la ley 12.331, respecto de locales denunciados en 2009. Demás esta señalar que esa conducta cuando concierne a la explotación de la prostitución de la mujer revistiría carácter discriminatorio en razón de lo dispuesto en el art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 75 inc. 22 C.N.).
Recordemos que el art. 17 de la ley 12.331 reprime a “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia…” Proveer de un inmueble para que sirva de casa de tolerancia, es decir de un local, donde varias personas ejercen la prostitución o incitan a ella, es una conducta susceptible de ser subsumible en el verbo típico “sostener” ya que este significa “prestar apoyo, dar aliento o auxilio”, coadyuvar a la existencia y mantenimiento del lugar (ver D´Alessio, Andrés José, “Código Penal Comentado y Anotado- Vol III. Leyes Especiales Comentadas”, pag. 115. Ed La Ley, Bs. As. 2009). Ricardo Nuñez señalaba en su tratado que “Es sostenedor de una casa de tolerancia, el que la tiene o mantiene o presta apoyo o auxilio material para que el local sirva para su fin” e ilustraba el concepto en una nota (106) diciendo “Quien, p. ej. alquila el local a las prostitutas y recibe parte de la ganancia: C.C.C., 3-V-938, La Ley, t. 12, p.487; id. 4-XI-938, La Ley, t. 12, p. 1125” (ver “Tratado de Derecho Penal . Parte Especial” Vol IV, pág 370, Ed Lerner. Bs. As. 1964).
En este sentido corresponde señalar que esta interpretación está además en consonancia con el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena ratificado por ley 11925 que establece que (Artículo 2) “Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”.
Las explicaciones dadas por el señor Ministro de la Corte Suprema en el reportaje realizado por el periodista Víctor Hugo Morales respecto del prostíbulo de la calle Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19 lejos de aclarar el panorama lo ensombrecerían. En primer lugar, resulta poco creíble que gente que se dedica a la prostitución se le ocurra alquilar un inmueble perteneciente a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ejercer el meretricio y generar conflictos con el consorcio a menos de que pudieran contar con alguna clase de protección. En efecto, los delincuentes de esta calaña tampoco son tontos y saben perfectamente lo que arriesgan. Conocen perfectamente el poder de los magistrados y saben que es suficiente que cualquiera de ellos escriba una denuncia y levante el teléfono para que de inmediato se ponga en marcha el aparato judicial con el consecuente allanamiento de la vivienda y la detención de las personas implicadas. En segundo lugar, los vecinos del consorcio y la administración no suelen soportar pacientemente los desórdenes en sus viviendas y la invasión de su privacidad sin quejarse. No resulta muy claro ni comprensible que los apoderados y administradores del patrimonio del magistrado no lo hubieran puesto al magistrado al tanto de esa clase de quejas sabiendo que se arriesgan a una demanda y a las consecuencias de una gestión desacertada que los afectaría en lo profesional y comercial. Tampoco resulta creíble que un magistrado al que se le hubiera hecho llegar esa clase de quejas se hubiera desentendido de las mismas considerándolas meros problemas de consorcio atento el peligro que representaría para su honor cualquier tipo de sospecha acerca de una posible connivencia entre él y las personas que explotan o ejercen la prostitución. Recordemos que estos hechos se dan en un contexto histórico en el que el país asume compromisos internacionales en la lucha contra la trata de personas, se movilizan las Organizaciones no Gubernamentales, se producen cambios legislativos precedidos de serios debates políticos, se crean estructuras para la represión de esta clase de crímenes y para la asistencia de las víctimas, se producen cambios jurisprudenciales, se escriben artículos de doctrina en revistas especializadas, en derecho penal, etc. También recordemos que el Dr. Zaffaroni es un reconocido y prestigioso penalista, profesor universitario y persona versada en Derechos Humanos que no podría ignorar estas cuestiones por lo que su alegada despreocupación no es demasiado convincente. Por último, resulta francamente indignante que le endose a los vecinos la responsabilidad de hacer las denuncias por los hechos se habrían generado a raíz de la actividad ilícita que se estaría realizando en el inmueble de su propiedad y diga públicamente que así se ahorra el trabajo de iniciar un desalojo. El magistrado no es un mero observador de la realidad. Ejerce su función en el más alto tribunal de la República y ha jurado respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de nuestro país. En efecto, aún aceptando que el señor Ministro de la Corte hubiera sido sorprendido en su buena fe por administradores infieles y por inquilinos mendaces sobre sus verdaderas intenciones al momento de contratar, una vez que hubiera tomado conocimiento de lo que estaba realmente ocurriendo habría tenido la obligación de formular las correspondientes denuncias penales y las acciones legales para proteger al consorcio y a las victimas de la explotación sexual.
No olvidemos que el delito previsto y reprimido en el art. 17 de la ley 12.331 es de acción pública (art. 71 del Código Penal) toda vez que no está incluido en las disposiciones de los arts. 72 y 73 del Código de fondo. Si efectivamente es ajeno a la comisión de ese delito, pesa, no obstante, sobre él la obligación inexcusable de denunciar establecida en el art. 177 inc. 1° del Código Procesal Penal de la Nación, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de encubrimiento (art. 277 inc. 1, apartado a) y d) C.P.). En efecto, el encubrimiento es un delito contra la administración de justicia ya que su comisión interfiere, o entorpece, la acción policial o judicial dirigida a comprobar la existencia de un delito y decidir la responsabilidad y castigo de los partícipes (ver Núñez, Ricardo “Tratado de Derecho Penal-Parte Especial” TVII pág. 175, Ed Lerner, Córdoba 1975 y Andrés J. D´Alessio “Código Penal de la Nación Comentado y Anotado” TII-Parte Especial, p. 1385, Ed. La Ley, Bs. As. 2009). En el caso concreto de autos el señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha dado precisiones acerca de las medidas por él adoptadas para procurar la investigación de un delito de acción pública.
Tampoco olvidemos que nadie puede alegar su propia torpeza para fundar un derecho, en este caso el presunto derecho de eximirse de la responsabilidad emanada de su negligencia en el manejo de sus bienes. Desde el punto de vista civil todo delito genera la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona (art. 1077 del Código Civil).
Pero todas estas dudas y reflexiones acerca de las alegaciones del Dr. Zaffaroni en el programa de radio de mención aumentan a medida que se suman nuevas denuncias formuladas en los medios de comunicación acerca de otros prostíbulos en inmuebles de su propiedad. En la medida en que sea verdad que son más de uno los locales en esas condiciones, más remota es la posibilidad de que sea cierto que fue engañado o sorprendido en su buena fe.
Párrafo aparte merece la cuestión de la gravedad institucional del caso. En efecto, la conducta del señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría configurar un caso de mal desempeño de sus funciones susceptible de motivar su juicio político conforme lo establece el art. 53 de la Constitución Nacional.
De acuerdo con la doctrina del caso “Magín Suárez, Luis” resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 29 de diciembre de 1987 (La Ley 1988-C-121), los actos de un funcionario que pueden constituir “mal desempeño”, son aquellos que perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública e impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución. Es procedente la remoción por el precitado motivo cuando se acreditan graves actos de inconducta o que afecten seriamente el ejercicio de la función. En el caso de los magistrados judiciales, el manejo de dichos conceptos debe vincularse con el art. 110 de la Constitución Nacional, dado que es la buena conducta lo que justifica su inamovilidad, garantía esta de la independencia del Poder Judicial. En este orden de ideas, el concepto de “mal desempeño” en términos constitucionales, guarda estrecha relación con el de “mala conducta” en la medida en que en el caso de los magistrados judiciales, el art. 53 C.N. debe ser armonizado con lo dispuesto en el art. 110, que exige la buena conducta para la permanencia en el cargo de aquéllos. En la Constitución Nacional, hay dos tipos o causales de destitución que deben diferenciarse: por un lado, las vinculadas al “mal desempeño” o “mala conducta”, por otro la comisión de delitos, ya sea en el ejercicio de las funciones, o se trate de crímenes comunes. Las del primer grupo, “mal desempeño” o “mala conducta”, no requieren la comisión de un delito, son que basta para separar a un magistrado la demostración que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos exigen; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez.
En el caso concreto de autos y más allá de los resultados que se puedan obtener de la investigación acerca de la responsabilidad penal que le podría caber al Dr. Zaffaroni respecto de los locales de su propiedad en los que se presuntamente se estaría explotando la prostitución ajena, lo cierto es que su conducta habría dado lugar a la sospecha y al descrédito de la función que desempeña. Que se pueda discutir con algún fundamento acerca del presunto funcionamiento de prostíbulos en inmuebles de propiedad de un juez siempre conlleva el descrédito de la función y genera sospechas sobre la honestidad e integridad del magistrado. Los argentinos tenemos el derecho de estar seguros de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el más alto tribunal de la patria, el custodio de la vigencia de la Constitución y de las libertades de los habitantes de la República no está en manos de rufianes. Cualquier hecho, sea que se cometa por dolo o por mera culpa o negligencia, que ponga en crisis esa certeza, erosiona la confianza del pueblo en sus instituciones. El art. 8 del Reglamento para la Justicia Nacional exige una conducta irreprochable para los magistrados y es una norma sabia por cuanto nadie puede arrogarse el derecho de juzgar a otro sino puede exhibir una conducta digna sin sombra alguna de sospecha. Ya bastante ha padecido la patria y sigue padeciendo de procesos de deslegitimación de las instituciones de la república como para que sigamos ahondando en ese terreno. En el caso concreto de autos que tengamos que abrir esta investigación a causa de la forma como habría gestionado sus bienes y de sus expresiones públicas es un indicio claro de que la conducta del funcionario sospechado no es la adecuada a la de un “bonus paterfamilias”
IV- Prueba
En la presente ampliación se solicita como medida de prueba las siguientes:
1) Comprobación de la titularidad de dominio de los inmuebles sitos en Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19; Marcelo Torcuato de Alvear 1906, Piso 9° Depto “A”, y Paraguay 877 primer piso, entre Suipacha y Esmeralda, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante informe del Registro Nacional de la Propiedad Inmueble;
2) Allanamiento y registro de los referidos inmuebles a los fines de comprobar la existencia de elementos y documentación que pudiera servir de prueba acerca de la actividad que allí se desempeña.
3) Citación a prestar declaración testimonial a los administradores, integrantes del consejo de administración y copropietarios del consorcio de Vicente López 2217; Marcelo Torcuato de Alvear 1906 y Paraguay 877 a fin de que provean la información sobre la posible existencia de prostíbulos en los departamentos objeto de denuncia.
4) Rastreo en las páginas de la web mencionadas en las notas periodísticas a fin de determinar si existe publicidad de los referidos prostíbulos
5) Pedido de informes a la Policía Federal Argentina y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acerca de las denuncias y procesos incoados por el funcionamiento en los mencionados inmuebles de locales en violación a las disposiciones de las ley 12.331.
V.- PETITORIO.-
Por todo lo expuesto, solicitamos:
1. Se nos tenga por presentados y con el domicilio constituido.
2. Se otorgue el trámite contemplado en el art. 195 y concordantes del CPPN a la presente ampliación y se provea la prueba ofrecida.
Proveer de conformidad. Será Justicia.

APARECIO UN TERCER DEPARTAMENTO/PROSTIBULO DEL JUEZ ZAFFARONI

La agencia Noticias Urbanas encontró el tercer prostíbulo en un departamento del ministro de la Corte Suprema. Eugenio Raúl Zaffaroni es propietario del inmueble en la calle Paraguay que por internet se publicita prostitución de mujeres. La Fundación Alameda denunciará las irregularidades.
En la lista de inquilinos del consorcio y en su declaración ante el Ministerio de justicia y Derechos Humanos figura que el ministro de la Corte Suprema Nacional, Eugenio Raúl Zaffaroni, es propietario de un departamento donde funciona un prostíbulo. Este no es el primero sino el tercer prostíbulo que funciona en uno de sus inmuebles.
En plena ciudad, Paraguay 877 primer piso A, entre Suipacha y Esmeralda, declaró Zaffaroni tiene un inmueble, en ese mismo sitio funciona, según una página web, un prostíbulo. Noticias Urbanas además comprobó por la lista de la administración del consorcio que el propietario es Zaffaroni y esto fue confirmado por los propios vecinos del edificio que están hartos de la mafia prostibularia que genera resquemores con los comerciantes y el barrio en general.
El inmueble en Paraguay fue declarado por el magistrado del máximo tribunal antes de asumir su función. Mientras que en una página web prostibularia, http://profmasajes.com.ar/, figura el número de teléfono del inmueble que el juez declaró como propio, según la página web http://sursur.com.
A su vez, es publicada la propiedad como casa de tolerancia en la reconocida página web prostibularia Tacos Altos, con sede en el barrio Puerto Madero.
Noticias Urbanas estuvo entrevistando a los comerciantes de la cuadra, a los miembros de las dos iglesias en la cuadra y a los que alquilan y viven en el mismo edificio. Todos confirmaron que en el primer piso de Paraguay 877 funciona un prostíbulo. Que es notorio y que han visto presencia de mujeres en estado de prostitución, pero la mayoría no sabían que el dueño de la propiedad es el cortesano Zaffaroni.
El magistrado de la Corte Suprema quedó escrachado cuando primero, el viernes pasado, la página web de Perfil publicó que en Vicente López 2217, quinto piso A, departamento 19, funciona un prostíbulo en un un inmueble declarado por Zaffaroni como propio. A esto se sumó este miércoles que funciona en Paraguay 1906, piso 9, departamento A, otro prostíbulo publicado en la página Tacos Altos, según publicó en tapa el diario Libre.
La Fundación Alameda estará denunciando este jueves, a las 11 horas, ante el procurador nacional, Esteban Righi, el ilegal usufructo de los inmuebles de Su Señoría.
La acusación, según el abogado de la fundación, Mario Ganora, sería respecto a la violación del reglamento para la Justicia Nacional, que en el artículo 8 señala la conducta irreprochable de un juez. Donde ni deuda, ni comercio y actividad lucrativa puede ejercer sin autorización de la Corte.
“El ministro de la Corte ejerce su jurisdicción en el tribunal que es custodio de la Constitución y de la República. No se puede dudar de su honestidad. Por eso es susceptible primero de un sumario interno y luego juicio político por mal desempeño”, expresó Ganora ante este cronista.
En la denuncia que presentará Ganora, vicepresidente de la Fundación Alameda, junto a su titular Gustavo Vera y su vocal Juan Grabois, los jueces de la Corte deberían investigar este tema. “No se puede permitir un rufián en la corte. Esto es clave porque sino la arquitectura de la República se derrumbaría”, aseveró el abogado penalista.
Tras la denuncia, los pasos formales de la la Corte Suprema deberían ser iniciar un sumario contra Zaffaroni y elevar el juicio político a la Cámara Baja, que, de aprobarse, pasaría al Senado.
Para Ganora la situación de tres inmuebles propiedad del juez donde se ejerce un comercio ilegal provoca “la misma crisis que la Corte menemista que luego vivió el juicio político y terminó renovada en el 2003″.
FUENTE NOTICIAS URBANAS por LUCAS SCHAERER.
Hoy jueves 28, a las 11 horas, la Fundación La Alameda presentará una denuncia penal ante la Procuración General de la Nación (Guido 1577) que preside el Dr Esteban Righi, solicitando que se investigue el grado de vinculo entre tres prostíbulos que funcionaban en los departamentos ubicados en Vicente López 2217, 5to piso dpto 19; Marcelo T de Alvear 1906 9no. piso dpto. A y Paraguay 877 1ro A cuyo propietario es el Juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.
Los tres prostíbulos hicieron sistemáticamente propaganda pública en páginas web, diarios de circulación masiva y volantes distribuidos en los alrededores de los mencionados departamentos. Los primeros dos prostíbulos ya habían sido denunciados junto a 611 más por la Alameda y otras ONGs el 15 de diciembre de 2009 ante la Procuración General de la Nación, la UFASE, la Justicia Contravencional de la Ciudad y la Agencia de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad.
Después de dos años de radicada la denuncia, sólo una pequeña porción de los mismos fue allanada y clausurada y la mayoría siguió impunemente funcionando en situaciones de proxenetismo y trata, incluidos los departamentos que son propiedad del Dr Zaffaroni donde se explotaba sexualmente a mujeres argentinas y extranjeras. 
Se supone que una investigación básica de los organismos mencionados en cruzar los datos de los prostíbulos denunciados con los propietarios de los inmuebles, por tanto alguno de estos organismos tuvo que haber tenido conocimiento que en departamentos que alquilaba el Juez de la Corte Zaffaroni, había prostíbulos funcionando ostensiblemente. También se supone que las quejas de los vecinos de los consorcios de los tres departamentos que se quejaron numerosas veces por los ruidos, las trifulcas y la inseguridad que provocaba el ingreso y egreso constante al edificio de gente desconocida que muchas veces provocaba disturbios llegaron a los oídos directo de quienes se encargaban de administrar los bienes del Dr Zaffaroni y estos a su vez pondrían en autos al Ministro de la Corte.
Es inexplicable que los mismos hayan seguido funcionando sin que nadie los allane, ni clausure, pese a que estaban denunciados y que hacían propaganda pública. También es inexplicable que el Dr Zaffaroni no haya tomado conocimiento de esos ilícitos. Por otra parte, las respuestas que el Dr Zaffaroni dio públicamente ante estas denuncias, generan más dudas que certezas porque conociendo ahora el ilícito que se comenten en su propiedad mediante los diarios no actuó inmediatamente denunciándolo y sólo se preocupo por deslindar responsabilidad en quienes le administraban el bien.
Tratándose no de uno, sino de tres prostíbulos que funcionan en su propiedad. De lugares denunciados y donde constaban quejas de los vecinos, es menester investigar el grado de conocimiento y vinculo que el Dr Zaffaroni tendría con estos prostíbulos y si se corroborara algún grado de complicidad o negligencia, se proceda a realizar el sumario correspondiente y eventualmente la elevación a juicio político. Esta en juego no sólo la investigación de los ilícitos que oportunamente fueron denunciados ante la misma Procuración de la Nación en diciembre del 2009, sino el prestigio del mismo tribunal que es garantía del orden constitucional y la República y donde sus miembros deben ser ejemplos de probidad y decoro. No puede haber la menor sospecha entre sus miembros de conductas reñidas con la ley. Por tal motivo, la Fundación Alameda solicita que el Procurador General de la Nación inicie una investigación a fondo de lo sucedido.

EL JUEZ DE LA CORTE SUPREMA ZAFFARONI TIENE OTRO PUTICLUB...

Después que Perfil.com reveló el negocio en una propiedad ligada al magistrado, ahora apareció otro en la calle Marcelo T. de Alvear.


Luego del escándalo por la nota de Perfil.com en la que se reveló que un departamento que el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni había admitido como propio funciona como prostíbulo, una nueva polémica salió a la luz: otro departamento atribuído al magistrado también funcionaría como lugar donde mujeres ofrecen servicios sexuales.
Según publica el diario Libre, se trata de un departamento que el juez tiene alquilado en la calle Marcelo T. de Alvear y Riobamba.
Libre señala que las expensas del departamento figuran a nombre del magistrado y que hasta ayer acumulaban una deuda de 1.300 pesos.
De acuerdo a la publicación, cuatro chicas ofrecen allí sus servicios sexuales, que promocionan en páginas de internet como Tacosaltos.com y Mimosasargentinas.com.ar.
En tanto, vecinos del edificio contaron que tienen miedo y denunciaron robos y destrozos en el lugar, provocados presuntamente por los clientes del prostíbulo.

La diputada nacional por la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, manifestó su preocupación por el caso del Juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, propietario de un departamento que funciona como prostíbulo, según reveló Perfil.com.
“Sabemos que Zaffaroni estaba al tanto de lo que ocurría en su departamento por denuncia de sus vecinos, sin embargo hace la vista gorda ante semejante delito”, dijo la diputada Gil Lozano.
“Cómo es posible que el Juez Zaffaroni desconozca que en su departamento de Recoleta funciona un prostíbulo si el mismo había sido denunciado por nosotros y la ONG La Alameda en 2009, ante la Procuración Nacional de la Nación, junto a otros 613 lugares de la Ciudad de Buenos Aires donde se ejercía la prostitución”, explicó la diputada en un comunicado de prensa
“El Juez debería saber que los prostíbulos están prohibidos en Argentina, debe dar urgentemente una explicación a esta situación, porque la indiferencia ante el delito despierta grandes sospechas de connivencia entre el poder público que el juez ejerce y la trata de personas”, concluyó Gil Lozano, quien envió una carta legal para que Zaffaroni "rectifique y explique" el caso, dado que sería violatorio de la ley de profilaxis.
A continuación ponemos el texto de la publicación en papel del diario Libre del día 27/07/2011.